El difícil camino para los firmantes de paz heridos en Colombia

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Published on: 25 junio, 2024

By Glaeldys González

Cuando Isabel llegó por primera vez al campamento de reincorporación para exintegrantes de las FARC-EP en Pondores, una vereda en el norte de Colombia, a comienzos del 2017, quedó sorprendida por lo que no vio. No encontró nada que le hiciera pensar que el extenso y frondoso terreno que la rodeaba fuera apto para ser habitado. Este iba a ser su nuevo hogar y, sin embargo, no había casas ni ningún tipo de infraestructura.

En esto, Pondores no era muy diferente de los demás Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, conocidos en Colombia como ETCR, que en su mayoría no contaban siquiera con los servicios más básicos. Estos campamentos fueron creados como parte del acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno colombiano. A cambio de que las personas combatientes depusieran sus armas, el gobierno se comprometió a ayudar a más de 14 000 firmantes de paz a reincorporarse a la sociedad. Los 24 campamentos, repartidos por toda Colombia, eran los lugares donde debían comenzar sus nuevas vidas.

Isabel
Isabel, una de las 130 personas firmantes de paz que viven en Pondores y que tienen una discapacidad causada por la guerra. La Guajira, Colombia. Octubre de 2023. CRISIS GROUP / Jorge Gutiérrez Lucena

Isabel (que no es el nombre que recibió al nacer, sino el que ha usado durante décadas), compartía las mismas esperanzas de muchas personas que conformaron el grupo de excombatientes que se comprometieron a dejar la lucha armada: reencontrarse con sus familiares, de quienes habían estado alejados durante años, reconstruir sus vidas en el campo o tal vez abrir sus propios negocios. Mirando el frondoso bosque que crece en medio del agobiante calor, Isabel tuvo el presentimiento de que la transición a la vida civil sería más difícil de lo que inicialmente había imaginado. Esto era especialmente cierto para ella, y para casi una tercera parte de los 130 exintegrantes de las FARC-EP que viven en Pondores y tienen una discapacidad como consecuencia de la guerra.

Las heridas de Isabel fueron el resultado de un intenso bombardeo militar que sacudió los bosques del sur del Cesar, no muy lejos de Pondores, una madrugada de 2005. Los ataques tomaron por sorpresa a su grupo de combatientes e hirieron gravemente a casi una docena de ellos. Los brazos de Isabel, de veintitrés años en ese momento, resultaron destrozados por el ataque aéreo. Gravemente herida, cruzó la cordillera oriental de los Andes, caminando durante la noche para evitar ser detectada, hasta que un mes después llegó a Zulia, estado venezolano fronterizo con Colombia. Allí recibió atención médica, lejos de las miradas de las fuerzas de seguridad colombianas.

Su caso no es único. Casi 1300 de las personas combatientes heridas en el curso del conflicto, aproximadamente el 10 por ciento de los que se sumaron al proceso de paz, han sido certificadas formalmente como personas con discapacidad por el gobierno colombiano. Según la Agencia para la Reincorporación y Normalización, la entidad del gobierno responsable de apoyar a firmantes de paz, es probable que esta cifra sea mucho mayor: al menos otros 200 excombatientes de las FARC-EP están solicitando al Ministerio de Salud que certifique que tienen una discapacidad causada por la guerra.

Glaeldys González, de Crisis Group, habla con Álvaro en Pondores, La Guajira, Colombia. Álvaro quedó ciego y perdió las manos en un accidente con explosivos en 2004. Reconstruyó su vida en Mérida (Venezuela), donde vivió durante 18 años. Sin embargo, debido al agravamiento del conflicto político y el colapso socioeconómico en Venezuela, regresó a Colombia en 2019. A pesar de considerar unirse al ETCR, no vio futuro allí y optó por establecerse con su familia en una zona cercana. Octubre de 2023.

CRISIS GROUP / Jorge Gutiérrez Lucena

La dura realidad para las personas con discapacidad

Para Isabel, al comienzo fue difícil ayudar a hacer de Pondores un lugar habitable. No podía participar en la construcción de las casas hechas de paneles de yeso y tejas metálicas; tampoco podía recoger agua del río cercano para el baño compartido. Pero pronto Isabel y un grupo de firmantes de paz con discapacidad se unieron para ayudar a organizar los planes de construcción y montar una cocina comunitaria.

Construir sus viviendas fue sólo el primer desafío que tuvo que afrontar la nueva comunidad. Cuando hacían parte de las FARC-EP, tenían cubiertas sus necesidades básicas, como la alimentación. Ahora tenían que encontrar cómo mantenerse. Isabel, junto con otras personas, conformó un grupo de firmantes de paz con el fin de poner en marcha un negocio agrícola con el apoyo del Estado colombiano y la ONU, destinado a la producción y comercialización de hierbas aromáticas como albahaca y hierbabuena. El grupo también intentó promover el ecoturismo en la región. Pero estas iniciativas no dieron resultado por falta de fondos.

Siete años después de su firma, y a pesar de sus falencias, el acuerdo de paz de 2016 ha generado grandes beneficios: la violencia ahora es mucho menos generalizada (aunque ha estado empeorando progresivamente una vez más), y alrededor del 90 por ciento de firmantes de paz se han mantenido en la vida civil. Sin embargo, eso dice más de su compromiso con la paz que de la implementación del acuerdo, que ha estado lejos de ser perfecta. Hay varias razones por las que ayudar a las y los firmantes de paz a encontrar una nueva vida ha sido tan difícil, entre ellas el hecho de que durante las negociaciones se dedicara muy poco tiempo a discutir cómo funcionaría exactamente su transición a la vida civil. El modelo de desmovilización que se adoptó, a insistencia de las FARC-EP, también fue muy diferente al utilizado por el Estado colombiano para otros grupos desmovilizados anteriormente, lo que se tradujo en la necesidad de inventar sobre la marcha.

En un principio, el gobierno pensó que los campamentos albergarían a las personas firmantes del acuerdo de paz sólo durante seis meses, pero pronto fue evidente que esos planes eran poco realistas. Al no estar concebidos como asentamientos permanentes, su ubicación fue seleccionada en función de la seguridad (lugares apartados de centros poblados, sin presencia de otros actores armados activos y donde los firmantes de paz pudieran ser fácilmente protegidos por el ejército), y no con el fin de convertirlos en prósperos centros productivos. Inicialmente, las antiguas FARC-EP habían planeado utilizar estas áreas para lo que denominaron proyectos económicos colectivos; es decir, empresas cooperativas que proporcionarían un medio de subsistencia a sus miembros y le permitieran al grupo mantener su presencia política en las regiones donde operaban. Pero a pesar de que el 80 por ciento de firmantes del acuerdo de paz participaron en estos emprendimientos, la falta de asistencia técnica, financiación y el aislamiento general de los lugares condenaron a muchos de ellos al fracaso. Miles abandonaron las zonas en busca de oportunidades, ya fuera en las ciudades o en zonas rurales mejor ubicadas. Algunos, pero no muchos, se han unido a movimientos disidentes de las FARC-EP que continúan por la senda de la violencia armada.

“Muchos compañeros se fueron porque el gobierno no cumplió con [sus promesas de] tierras, salud, educación”.

Álvaro, uno de los vecinos de Isabel.

Actualmente, menos de 2000 firmantes de paz viven en los espacios de reincorporación originales. Álvaro, uno de los vecinos de Isabel que perdió la vista y ambas manos en un accidente con explosivos, dijo a Crisis Group que “muchos compañeros se fueron porque el gobierno no cumplió con [sus promesas de] tierras, salud, educación”.

Álvaro.
Álvaro, vecino de Pondores, frente a un mural pintado con la palabra paz. Aspira a ser líder comunitario algún día, aunque aún no ve las condiciones de seguridad para asumir ese papel. La Guajira, Colombia. Octubre de 2023. CRISIS GROUP / Jorge Gutiérrez Lucena

Dicho esto, muchos firmantes de paz con discapacidad decidieron quedarse. Valoran el estrecho vínculo que comparten con sus vecinos, quienes sufrieron lesiones similares que cambiaron sus vidas y ahora enfrentan dificultades parecidas. Algunas personas reconocen que se quedan porque no creen que puedan encontrar trabajo fuera del campamento. En La Guajira, el departamento en el norte de Colombia donde se encuentra Pondores, la tasa de desempleo es una de las más altas del país. Las oportunidades laborales suelen ser escasas para las personas con discapacidad, ya que la mayoría de las empresas carecen de los medios para emplear y hacer ajustes razonables para trabajadores con limitaciones. Para empeorar las cosas, pocos empleadores están dispuestos a contratar a mujeres y hombres que hicieron parte de las FARC-EP. “Personalmente no he podido salir porque uno no tiene confianza”, dijo Isabel. “Siempre piensa en el rechazo. Por el hecho de ser excombatiente, hay muchas discriminaciones”. Curruco, otro firmante de paz que vive en Pondores y que perdió la mayor parte de la vista en combate, dijo a Crisis Group que cada día es una lucha para encontrar algo significativo que hacer con su vida. A pesar de su constante esfuerzo por encontrar empleo, no ha recibido ninguna oferta. Está convencido de que es rechazado por su discapacidad visual.

Curruco.
Curruco, un firmante de paz que vive en Pondores, en la puerta de su casa. Está comprometido con la construcción de la paz empezando por su casa y sueña con tener una biblioteca llena de libros de historia para enseñar a sus siete nietos y dos bisnietos el valor de la paz a través de lecciones de historia colombiana. La Guajira, Colombia. Octubre de 2023. CRISIS GROUP / Jorge Gutiérrez Lucena

Otra razón para permanecer en Pondores es que, además de la discriminación, las personas firmantes de paz enfrentan amenazas de violencia. Al menos 400 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz. La mayoría de estos asesinatos siguen sin resolverse, pero las investigaciones sugieren que grupos armados como las disidencias de las FARC-EP y el Ejército Gaitanista (también conocidos como el Clan del Golfo), una organización criminal que controla gran parte del norte de Colombia, están detrás de muchos de los asesinatos. Uno de los habitantes de Pondores fue asesinado en 2020 y varios afirman haber recibido amenazas de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Fuera del campamento, que cuenta con un puesto de policía permanente y un grupo de agentes que patrullan los alrededores, se sienten en peligro, en especial aquellos miembros de la comunidad que han asumido roles de liderazgo. Sin embargo, permanecer en el campamento tiene sus inconvenientes. Isabel, por ejemplo, lleva ya siete años sin recibir un servicio de atención médica para examinarse los brazos. El hospital más cercano está en Fonseca, a media hora de distancia, y sólo ofrece atención médica básica.

El camino por recorrer

Isabel y muchos de sus compañeros han convertido a Pondores en un centro para la defensa de los derechos de firmantes con discapacidad. Aunque parece que la alta proporción de personas con discapacidad que viven allí es una simple coincidencia, se han unido para presionar al Estado para que adopte un enfoque incluyente en sus políticas de reincorporación. Elkin Sepúlveda, un firmante de paz que perdió un brazo y un ojo en un accidente con una mina antipersonal, es uno de los fundadores de una asociación de excombatientes con discapacidad (CONELAEC). El colectivo, dijo Sepúlveda, ha comenzado a cuestionarse si el enfoque del proceso de reincorporación, centrado en tratar a todos por igual, es en realidad injusto al no brindar a quienes tienen necesidades particulares la atención que necesitan. Exigen que el gobierno les ayude a crear proyectos productivos comunitarios que puedan ajustarse a sus discapacidades y generar un salario digno. Quizás su exigencia más ambiciosa es la de ser un grupo reconocido por parte del Estado colombiano también como víctima del conflicto, lo que les permitiría acceder a una pensión de invalidez que no se les ofrece a los exintegrantes de las FARC.

Elin Sepúlveda.
Elkin Sepúlveda dirige actualmente CONELAEC, una asociación de excombatientes discapacitados. Sigue una carrera en ingeniería informática, al tiempo que mantiene su compromiso con la promoción de los derechos de firmantes de paz con discapacidad. Pondores, La Guajira, Colombia. Octubre de 2023. CRISIS GROUP / Jorge Gutiérrez Lucena

Isabel se vinculó recientemente a Comunes, el partido político que surgió de la antigua insurgencia de las FARC-EP, con el fin de presionar para conseguir un mayor apoyo para la reincorporación de firmantes de paz que, como ella, tienen discapacidad. La suerte de Comunes sirve como un claro ejemplo de las dificultades que entraña la transición de grupo armado a organización civil. El acuerdo de paz le otorgó diez escaños en el Congreso colombiano hasta 2026, pero el partido, asolado por divisiones internas y la deteriorada imagen pública de las FARC-EP, ha tenido dificultades para consolidarse: solo logró que uno de sus candidatos fuera electo para una alcaldía en las últimas elecciones locales en 2023, y su existencia misma se ve amenazada por la posibilidad de no alcanzar el umbral mínimo del 3 por ciento en las elecciones de 2026. A pesar de estos desafíos, Isabel cree que Comunes puede ayudar a promover su causa: “Hay ciertas limitaciones por el trabajo, pero hay muchos espacios para uno producir y ser útil también. Esto me impulsa a participar en política”, dijo a Crisis Group. “Hace falta más representación de esos liderazgos [de personas con discapacidad en la política]… La idea es esa: apoyarnos entre nosotros”.

Isabel está junto a un anuncio político.
Isabel posa junto a una calcomanía del partido político Comunes en la pared de su casa. Pondores, La Guajira, Colombia. Octubre de 2023. CRISIS GROUP / Jorge Gutiérrez Lucena

Tras años de ser ignorados, el Estado colombiano finalmente ha empezado a responder a las demandas de firmantes de paz con discapacidad. En 2021, lanzó el “Programa CaPAZcidades” que, con apoyo internacional, ayuda a firmantes del acuerdo de paz con discapacidad, personas mayores y con enfermedades de alto costo a obtener servicios de atención médica e impulsa la inclusión social propiciando el acceso a oportunidades de empleo y educación. Según Sepúlveda, el programa “obviamente tiene vacíos, tiene falencias, hay que irlo construyendo en el camino, pero es un inicio”. La cooperación internacional también ha sido crucial para permitir el crecimiento de esta organización, que ahora cuenta con ocho representantes que sirven de enlace con firmantes de paz que hacen parte del Programa CaPAZcidades en todo el país. Pero los funcionarios del gobierno actual son los primeros en reconocer que queda mucho por hacer.

A pesar de recibir críticas de los líderes de Comunes por ciertas decisiones en torno al acuerdo de paz de 2016, el presidente Gustavo Petro prometió acelerar la implementación, que fue lenta bajo la administración de su predecesor Iván Duque. Sus intereses van más allá del bienestar de las personas firmantes de paz. La política emblemática de Petro, conocida como “Paz Total”, busca negociar reducciones de la violencia con todos los grupos armados y criminales del país. El gobierno sabe que otras insurgencias están observando de cerca la implementación del acuerdo de 2016, conscientes de que las condiciones en las que viven los firmantes de paz son un buen indicio del destino que les puede esperar si deciden sentarse y negociar.

La vida en Pondores no es fácil, pero sus residentes sienten orgullo de su papel en el intento por traer la paz a Colombia. Además de la camaradería que la une a sus vecinos, Isabel se apoya en su familia para sacar fuerzas. Después de regresar de Venezuela, se reencontró con una hija a la que llevaba quince años sin ver y descubrió que era abuela. Isabel tiene ahora otros dos hijos, un niño nacido en Venezuela (que fue criado por su abuela paterna) y otro nacido en Pondores, al que cría junto a su pareja. Isabel dice que el deseo de mejorar sus vidas es su principal impulso. “Hay muchas personas olvidadas, que no tienen derecho a nada”, afirma. “A ellos les debemos dar prioridad. Eso estoy haciendo, invitándolos. No sólo a excombatientes, todas las personas con discapacidad”. Al abogar por un mayor apoyo para su comunidad, Isabel ha encontrado un propósito que la hace seguir adelante.

A street scene in Pondores.
Personas caminan por una calle del ETCR de Pondores. CRISIS GROUP / Jorge Gutiérrez Lucena

Este ensayo multimedia fue realizado con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Asociación del Comité Nacional de Excombatientes Lisiados de Guerra, Adultos Mayores y Enfermos de Alto Costo (CONELAEC).